El gobierno de Estados Unidos actualizó el jueves su Lista Engel e incluyó a 14 personas de varios países de Centroamérica, entre ellos figuran jueces, fiscales, ministros y otros funcionarios, de acuerdo con un comunicado emitido por el Departamento de Estado, la decisión se toma “por actos corruptos y antidemocráticos”.
Entre los agregados a la lista se encuentran cuatro sancionados de Nicaragua, cuatro de Guatemala, tres de Honduras y tres de El Salvador.
La Ley de Compromiso Reforzado entre EEUU y el Triángulo Norte, popularmente conocida como “Liste Engel”, surgió por iniciativa del ex congresista demócrata de Nueva York Eliot Engel en 2019, y su objetivo es contrarrestar la corrupción en la región de Centroamérica.
El Salvador
Ricardo Gómez: comisionado presidente del Instituto para el Acceso a la Información Pública, socavó los procesos o instituciones democráticas al bloquear deliberada e injustamente el acceso a la información pública a través de su cargo de comisionado presidente.
Gerardo Guerrero: comisionado del Instituto para el Acceso a la Información Pública, socavó procesos o instituciones democráticas al bloquear deliberada e injustamente el acceso a la información pública a través de su cargo como comisionado.
Andrés Grégori Rodríguez: comisionado del Instituto para el Acceso a la Información Pública, socavó procesos o instituciones democráticas al bloquear deliberada e injustamente el acceso a la información pública a través de su cargo de comisionado.
Guatemala
Leonor Eugenia Morales Lazo: actual fiscal, socavó los procesos o las instituciones democráticas al dirigir una investigación por motivos políticos para poner en duda los resultados electorales certificados para interrumpir la transición presidencial.
Noé Nehemías Rivera Vásquez: actual fiscal, socavó los procesos o las instituciones democráticas al presentar cargos por motivos políticos contra actores de la justicia que luchan contra la corrupción y la impunidad.
Pedro Otto Hernández González: actual fiscal, socavó procesos o instituciones democráticas al participar en una investigación por motivos políticos para poner en duda los resultados electorales certificados para interrumpir la transición presidencial.
Silvia Patricia Valdés Quezada: exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia, socavó los procesos o las instituciones democráticas al participar en un plan para llenar la Corte Suprema y los tribunales de apelación con jueces corruptos.
Honduras
Ricardo Arturo Salgado Bonilla: actual ministro de Planificación Estratégica, socavó los procesos o las instituciones democráticas al dirigir los esfuerzos coordinados del partido LIBRE a través de grupos leales al partido (“colectivos”) para reprimir la disidencia intimidando violentamente a los legisladores de la oposición que convocaban a una sesión legislativa el 31 de octubre de 2023.
Mohammad Yusuf Amdani Bai: un empresario privado, incurrió en una importante corrupción al sobornar a funcionarios de la Corte Suprema de Honduras para que fallaran a favor de su negocio en una demanda privada.
Cristian Adolfo Sánchez: incurrió en una corrupción significativa al participar en un esquema que defraudó al gobierno hondureño por más de $300.000 y se confabuló con funcionarios del Ministerio de Salud para adjudicar indebidamente contratos gubernamentales.
Nicaragua
Gloria María Saavedra Corrales: jueza del Juzgado Décimo de Distrito Penal de Managua, socavó los procesos o instituciones democráticas al utilizar su posición y autoridad dentro del sistema judicial nicaragüense.
Maribel del Socorro Duriez González: presidenta del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación de Nicaragua, socavó procesos o instituciones democráticas al participar en una campaña coordinada para reprimir la disidencia mediante la confiscación de propiedades de los opositores políticos del gobierno.
Ramona Rodríguez Pérez: presidenta del Consejo Nacional de Universidades de Nicaragua, socavó procesos o instituciones democráticas al participar en una campaña coordinada para reprimir la disidencia mediante la confiscación de propiedades de los opositores políticos del gobierno, incluida la Universidad Centroamericana y al menos otras 25 universidades privadas nicaragüenses.
Alejandro Enrique Genet Cruz: rector de la Universidad Casimiro Sotelo (antes Universidad Centroamericana), socavó los procesos o instituciones democráticas al participar en una campaña coordinada para tomar represalias contra los críticos del régimen Ortega-Murillo y reprimir la disidencia utilizando su posición para crear políticas que castigan a los profesores y estudiantes de la Universidad Casimiro Sotelo.
Según Estados Unidos, la inclusión de estas personas en la Lista Engel busca “promover una gobernabilidad democrática fuerte en la región” en consideración que “la corrupción y otras prácticas que socavan la democracia en Centroamérica generan inestabilidad e impulsan la migración irregular”.