Cierre de carreteras, daños materiales, heridos, y detenidos ha dejado como resultado las manifestaciones citadas en la Ciudad de Panamá, por un contrato ley que da una concesión por 20 años prorrogables a la filial de una empresa canadiense para explotar la mayor mina de cobre a cielo abierto de Centroamérica.
“Cambio climático y minería matan”, se le leía en una de las pancartas de los manifestantes, en rechazo al contrato otorgado por el gobierno panameño a la empresa Minera Panamá, subsidiaria de la canadiense Firts Quantum Minerals.
Has dos motivos por los cuales los panameños se han alzado en manifestaciones contra la explotación de la minería, y estos son:
El contrato parece haberse hecho a espaldas de la comunidad. La ley fue debatida, aprobada y sancionada por el Gobierno en un tiempo récord: solo en tres días.
Segundo, el impacto ambiental: “en materia de agua, ellos podrán desviar, retener y crear sus propios reservorios, desde las fuentes hídricas naturales, poniendo en riesgo el agua para consumo de la población aledaña y, en el futuro, de la posible ampliación de las fuentes para el Canal de Panamá”, dice Raisa Banfield, directora de la Fundación Panamá Sostenible.
La mina a explotar cubre unas 12.000 hectáreas, ubicada en el Caribe panameño, en la provincia de Colón, sobre el corredor biológico mesoamericano: una área protegida.
El viernes pasado, el Gobierno aprobó un nuevo contrato para explotar la mina de cobre por 20 años, que podría prolongarse hasta 40.
